Sesión extraordinaria INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que no anulará candidaturas para la elección judicial ni corregirá errores atribuidos a los comités de evaluación, argumentando que no cuenta con atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo. Esta determinación fue aprobada de forma unánime por el Consejo General del INE, en respuesta a una solicitud presentada por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes pedían revocar 26 candidaturas: ocho por no cumplir con el promedio mínimo requerido en la licenciatura y 18 por presuntos vínculos con investigaciones penales vigentes.

El INE precisó que sólo revisará posibles irregularidades una vez concluida la elección, y únicamente en los casos de los aspirantes que resulten electos.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, indicó que esta decisión busca garantizar el orden y la seguridad jurídica del proceso, evitando la emisión de valoraciones anticipadas. Además, advirtió que eliminar candidaturas en este momento podría romper con la equidad de la contienda, lo cual no entra dentro de las funciones del INE.

Algunos consejeros expresaron su desacuerdo con el intento del Poder Legislativo de trasladar al INE competencias que no le corresponden. Dania Ravel, consejera electoral, señaló que aceptar dicha solicitud implicaría invadir facultades ajenas, ya que los comités de evaluación eran los responsables de revisar si los aspirantes cumplían con los requisitos legales.

Por su parte, el consejero Uuc-Kib Espadas recalcó que, aunque el INE ha enfrentado situaciones provocadas por otras instancias, en esta ocasión carece de base jurídica para intervenir, ya que la evaluación de candidaturas fue responsabilidad del Legislativo, y fue el Senado quien entregó al INE la lista final el 12 de febrero.

La consejera Carla Humphrey resaltó que el proceso arrancó con fallas, dado que los registros fueron gestionados por instancias sin experiencia técnica. Aclaró que ni la Constitución ni la ley electoral prevén que las candidaturas puedan anularse después de haber sido registradas. Añadió que será en la siguiente etapa —previa a la entrega de constancias de mayoría— cuando el INE verificará si los electos cumplen con todos los requisitos legales, incluyendo la iniciativa “8 de 8 contra la violencia”, así como otras causas de inelegibilidad, como la falta de cumplimiento en pensiones alimenticias o estar prófugo de la justicia.

Humphrey también explicó que, aunque las decisiones del INE pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral, actualmente no tienen facultades para cancelar registros de candidatos, pero sí pueden examinar los requisitos antes de validar los resultados, tomando en cuenta información proveniente tanto del Legislativo como de la ciudadanía.

Finalmente, consejeros como Arturo Castillo, Claudia Zavala y la presidenta Taddei coincidieron en que el INE actuará con apego a sus atribuciones, garantizando certeza, imparcialidad y objetividad, sin favorecer ni perjudicar a ningún aspirante o partido político.

Información y fotografías: José Luis Tólares